Reforma Educativa

Contexto de las reformas

El mes pasado, el Congreso de la Unión inició un periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad de discutir, y en su caso aprobar, las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional del 26 de febrero del presente año.

Previo al análisis de estas reformas, debo decirles que me parece absurdo que el Congreso, a mitad del mes de agosto, decidiera abrir un periodo extraordinario de sesiones, cuando, conforme a la Constitución, el periodo ordinario iniciaría el 1 de septiembre.

Es de entenderse el argumento de que la propia reforma constitucional ponía un plazo de seis meses (que fenecieron este 26 de agosto) para la aprobación de las leyes reglamentarias, sin embargo, no sería la primera vez que esto no se cumple cabalmente, como ocurrió en 2011 y la Nueva Ley de Amparo, que tenía como plazo el 4 de octubre de ese mismo año, y se aprobó hasta abril del presente año (un año y medio después de la fecha límite).

Por otra parte, el Gobierno Federal envió la propuesta de reformas hasta el 13 de agosto, prácticamente para que los legisladores la aprobasen sin revisarla, lo que demuestra el mal trabajo que realiza el ejecutivo federal, puesto que ¿dónde quedó –me pregunto- eso de que “el ejecutivo propone y el legislativo dispone”? En realidad, lo único que deja entrever las iniciativas y sus consecuentes aprobaciones, es que en el Gobierno Federal propone prácticamente lo que se aprobará por el Congreso de la Unión.

Pero dejando de lado los tiempos, o los tintes políticos (que son muchos), considero peor aún que el Congreso, por temor a los maestros, decida sesionar en sede alterna (centro Banamex), y no en el recinto legislativo que tantos millones de pesos nos costó (y nos sigue costando) a los mexicanos.

La Cámara de Diputados aprobó dos de las tres leyes ya dictaminadas: la ley del instituto nacional de evaluación para la educación y la reforma a la Ley General de Educación. No obstante, la Ley del Servicio Profesional Docente fue “bajada” del pleno de la Cámara Baja, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva. La única pregunta que yo tengo en esto es, ¿cómo puede ser que un asunto que ya está en manos del Pleno de la Cámara, pueda ser “borrado” así como así, sólo porque el Presidente de la Mesa Directiva, sin consultar a los legisladores, decide “bajarlo”? Una muestra más del grave problema que tenemos respecto de quienes presiden los órganos del Estado y que se sienten con la capacidad de tomar decisiones que no les competen. Finalmente, en el periodo ordinario, las Cámaras aprobaron la Ley del Servicio Profesional Docente, que esta semana fueron publicadas por el Ejecutivo Federal.

La reforma y sus alcances

Pero volviendo al tema, la llamada “Reforma Educativa” (entiéndase por tal no sólo la reforma constitucional, sino las leyes reglamentarias) propone diversas cuestiones: suenan muy alentadoras las palabras “calidad en la educación” y esas cosas, pero básicamente dice: a partir de ahora las plazas que se asignen serán competidas a través de un examen, y se examinará a los actuales profesores, para que el que no apruebe, sea retirado de dar clases.

Mi opinión: La idea es bastante buena. ¿Por qué no pensar en aplicar un examen a los profesores para garantizar que los mismos estén capacitados para desempeñar el cargo que se les encomienda? No suena mal. El gobierno lleva décadas repitiéndonos que la educación es la panacea, es decir, que con ella el país saldrá adelante.

Por otro lado, la reforma plantea temas como la autonomía de gestión de las escuelas públicas frente al gobierno para allegarse de recursos. Este tema es interesante porque da a los inconformes la idea de que se está “privatizando la educación” y de que, además del pago de cuotas y esas cosas, ahora los padres de familia afrontarán los gastos normales de las escuelas (pizarrones, butacas, etcétera).

Respecto de esto: El fundamento que manejan los inconformes es el Tercero Transitorio de la Reforma Constitucional del 26de febrero de 2013, lo cual se encuentra totalmente sacado de contexto por los inconformes: el artículo sólo menciona la autonomía de gestión de las direcciones de las escuelas ante los órganos del Estado, para obtener recursos, léase “las direcciones de las escuelas podrán pedir recursos al Gobierno”, no habla de que los padres de familia hayan de solventar semejante gasto, y jamás establece que la educación pública pueda concesionarse a particulares.

El problema no se hace esperar: marchas, manifestaciones y plantones, todo en contra de la Ley del Servicio Profesional Docente, promulgada en días pasados por el Ejecutivo Federal.

La historia detrás de la Reforma

Desafortunadamente, todas las prácticas viejas, la venta de plazas, la herencia de las mismas y la ausencia de verificación de que los profesores impartan correctamente sus clases, son heredadas de décadas atrás. En los tiempos donde el PRI era el partido hegemónico (la era de los Dinosaurios, como lo suelo llamar), el entonces único partido viable se ganó a los sectores de trabajadores, como lo son los mineros, los electricistas, los ferrocarrileros, y evidentemente, a los profesores; sus empresas eran jugosas, sus prebendas, envidiables; y año con año, sexenio con sexenio, el gobierno en turno dotaba de más y más prebendas al gremio (que no necesariamente a sus agremiados, es de reconocerse).

Un día al gobierno se le ocurrió darle a los profesores la posibilidad de heredar las plazas, dárselas a quien quisieran. He ahí el inicio del problema. Con el ánimo de ganar votos, se permitió que las plazas fueran del agremiado y no del gobierno, que éste ni siquiera pudiese recuperarla al jubilarse un profesor, sino que éste podía elegir a su sucesor. Con auxilio de lo que en materia laboral se llama “cláusula de exclusión”, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se allegó del poder suficiente para que este mecanismo operase.

Los profesores hoy en plantones y marchas reclaman eso: derechos laborales otorgados tiempo atrás por el gobierno federal. Yo mismo lo pienso así, si a mí me vendieron la plaza, y al contratarme me dijeron que yo podía hacer lo mismo, es algo que considero mío, y cuando me lo quieren quitar, por supuesto que reaccionaré como hoy los profesores.

La realidad: las plazas son y deben ser del Estado, no de sus titulares

Pero no perdamos de vista: por muchos derechos que se les hayan otorgado a los profesores, el trabajo que se les encomienda no es cualquiera: se trata de la formación de generaciones de mexicanos que mañana serán quienes dirijan al país, por lo tanto, no es dable que esta práctica continúe.

Si bien es cierto que para que un sindicato opere correctamente debe tener la posibilidad de ser consultado en la ocupación de las plazas, lo cierto es que en tratándose de educación, las plazas deben estar bajo el estricto control del Estado, ya que son para bienestar público, por la importancia que tienen, y si bien el sindicato debe ser consultado para su ocupación, debe haber criterios objetivos para la ocupación de las plazas.

Por otro lado, muchos los profesores que hoy están en plantones y marchas, no cuentan con título, o bien sus conocimientos no son lo suficientemente aptos para estar frente a grupo, y lo saben; es un problema global.

Para muestra, una anécdota: Yo estudié en una primaria urbana, donde en teoría debería haber maestros promedio o quizá por encima del promedio, pero alguna vez una profesora tachó la respuesta de mi examen donde la pregunta era:”de los siguientes objetos, ¿cuál refleja la luz del sol?” y había tres posibles respuestas: a) el sol, b) la luna y c) una lupa. Mi respuesta fue b) (la luna), ¿qué error pude haber cometido? La profesora no me lo supo explicar, y cuando finalmente sacó la clave del examen, resultaba que la clave decía que la respuesta a) era la correcta, es decir, que, según el examen, y según ella, el sol refleja la luz del sol. No es por insultar, pero eso demuestra la estulticia de los profesores de hoy en día; y si eso puede pasar en una escuela urbana, no me quiero imaginar lo que ocurrirá en una escuela rural.

La defensa de los profesores se basa, entre otros, en el argumento de que de los exámenes que ellos aplican a sus alumnos, si un alumno no pasa, no lo mandan a su casa, es decir, no lo expulsan de la escuela, lo cual es cierto, pero sí se le reprueba, e inclusive existe la tan temida amenaza de “reprobar el año”. Si para un educando de primaria, el reprobar un examen tiene consecuencias tan graves, para un profesor debe tenerlas en mayor medida aún.

Conclusión

Este problema es grave y es generalizado, y la idea que se plantea de evaluar a los profesores para que el que no apruebe en alguna de las tres oportunidades que se le darán, sea (en el caso de los sindicalizados actuales) removido a funciones administrativas, o en el caso de los nuevos, sea destituido. Es lo que ocurre en cualquier trabajo, si el jefe te prueba en tus habilidades y determina que no sabes hacer tu trabajo, te corre.

El punto es que los profesores tal pareciera que le tienen miedo a un simple examen. Sus consignas gritan de todo, e incluso claman que la reforma debería aplicarse también a los gobernantes (lo que no sería nada despreciable, porque también ellos deberían estar sujetos a ese tipo de exigencias). En realidad, la idea tampoco es mala, pero no son los conductos adecuados para hacer esa clase de propuestas.

Es tal la desinformación que existe con la reforma educativa, que me doy cuenta que aún los propios legisladores no la leyeron, y peor aún, sólo unos pocos profesores hicieron lo propio. La parte que no les conviene (lo de los exámenes) les da tres oportunidades para acreditar, por lo que es mentira que se vaya a despedir a nadie con el sólo hecho de reprobar una vez; y por cuanto a la “privatización” de la educación y esas cosas, me doy cuenta que los profesores no predican con el ejemplo, ni siquiera leyeron o supieron interpretar la reforma educativa.