Contexto de las reformas
El mes pasado, el Congreso de la Unión
inició un periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad de discutir, y
en su caso aprobar, las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional del
26 de febrero del presente año.
Previo al análisis de estas reformas, debo
decirles que me parece absurdo que el Congreso, a mitad del mes de agosto,
decidiera abrir un periodo extraordinario de sesiones, cuando, conforme a la
Constitución, el periodo ordinario iniciaría el 1 de septiembre.
Es de entenderse el argumento de que la
propia reforma constitucional ponía un plazo de seis meses (que fenecieron este
26 de agosto) para la aprobación de las leyes reglamentarias, sin embargo, no
sería la primera vez que esto no se cumple cabalmente, como ocurrió en 2011 y
la Nueva Ley de Amparo, que tenía como plazo el 4 de octubre de ese mismo año,
y se aprobó hasta abril del presente año (un año y medio después de la fecha
límite).
Por otra parte, el Gobierno Federal envió
la propuesta de reformas hasta el 13 de agosto, prácticamente para que los
legisladores la aprobasen sin revisarla, lo que demuestra el mal trabajo que
realiza el ejecutivo federal, puesto que ¿dónde quedó –me pregunto- eso de que
“el ejecutivo propone y el legislativo dispone”? En realidad, lo único que deja
entrever las iniciativas y sus consecuentes aprobaciones, es que en el Gobierno
Federal propone prácticamente lo que se aprobará por el Congreso de la Unión.
Pero dejando de lado los tiempos, o los
tintes políticos (que son muchos), considero peor aún que el Congreso, por
temor a los maestros, decida sesionar en sede alterna (centro Banamex), y no en
el recinto legislativo que tantos millones de pesos nos costó (y nos sigue
costando) a los mexicanos.
La Cámara de Diputados aprobó dos de las
tres leyes ya dictaminadas: la ley del instituto nacional de evaluación para la
educación y la reforma a la Ley General de Educación. No obstante, la Ley del
Servicio Profesional Docente fue “bajada” del pleno de la Cámara Baja, por
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva. La única pregunta que yo
tengo en esto es, ¿cómo puede ser que un asunto que ya está en manos del Pleno
de la Cámara, pueda ser “borrado” así como así, sólo porque el Presidente de la
Mesa Directiva, sin consultar a los legisladores, decide “bajarlo”? Una muestra
más del grave problema que tenemos respecto de quienes presiden los órganos del
Estado y que se sienten con la capacidad de tomar decisiones que no les
competen. Finalmente, en el periodo ordinario, las Cámaras aprobaron la Ley del
Servicio Profesional Docente, que esta semana fueron publicadas por el
Ejecutivo Federal.
La reforma y sus alcances
Pero volviendo al tema, la llamada “Reforma
Educativa” (entiéndase por tal no sólo la reforma constitucional, sino las
leyes reglamentarias) propone diversas cuestiones: suenan muy alentadoras las
palabras “calidad en la educación” y esas cosas, pero básicamente dice: a
partir de ahora las plazas que se asignen serán competidas a través de un
examen, y se examinará a los actuales profesores, para que el que no apruebe,
sea retirado de dar clases.
Mi opinión: La idea es bastante buena. ¿Por
qué no pensar en aplicar un examen a los profesores para garantizar que los
mismos estén capacitados para desempeñar el cargo que se les encomienda? No suena
mal. El gobierno lleva décadas repitiéndonos que la educación es la panacea, es
decir, que con ella el país saldrá adelante.
Por otro lado, la reforma plantea temas
como la autonomía de gestión de las escuelas públicas frente al gobierno para
allegarse de recursos. Este tema es interesante porque da a los inconformes la
idea de que se está “privatizando la educación” y de que, además del pago de
cuotas y esas cosas, ahora los padres de familia afrontarán los gastos normales
de las escuelas (pizarrones, butacas, etcétera).
Respecto de esto: El fundamento que manejan
los inconformes es el Tercero Transitorio de la Reforma Constitucional del 26de febrero de 2013, lo cual se encuentra totalmente sacado de contexto por los
inconformes: el artículo sólo menciona la autonomía de gestión de las
direcciones de las escuelas ante los
órganos del Estado, para obtener recursos, léase “las direcciones de las
escuelas podrán pedir recursos al Gobierno”, no habla de que los padres de
familia hayan de solventar semejante gasto, y jamás establece que la educación
pública pueda concesionarse a particulares.
El problema no se hace esperar: marchas,
manifestaciones y plantones, todo en contra de la Ley del Servicio Profesional
Docente, promulgada en días pasados por el Ejecutivo Federal.
La historia detrás de la Reforma
Desafortunadamente, todas las prácticas
viejas, la venta de plazas, la herencia de las mismas y la ausencia de
verificación de que los profesores impartan correctamente sus clases, son
heredadas de décadas atrás. En los tiempos donde el PRI era el partido hegemónico
(la era de los Dinosaurios, como lo suelo llamar), el entonces único partido
viable se ganó a los sectores de trabajadores, como lo son los mineros, los
electricistas, los ferrocarrileros, y evidentemente, a los profesores; sus
empresas eran jugosas, sus prebendas, envidiables; y año con año, sexenio con
sexenio, el gobierno en turno dotaba de más y más prebendas al gremio (que no
necesariamente a sus agremiados, es de reconocerse).
Un día al gobierno se le ocurrió darle a
los profesores la posibilidad de heredar las plazas, dárselas a quien
quisieran. He ahí el inicio del problema. Con el ánimo de ganar votos, se
permitió que las plazas fueran del agremiado y no del gobierno, que éste ni
siquiera pudiese recuperarla al jubilarse un profesor, sino que éste podía
elegir a su sucesor. Con auxilio de lo que en materia laboral se llama “cláusula
de exclusión”, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se allegó
del poder suficiente para que este mecanismo operase.
Los profesores hoy en plantones y marchas
reclaman eso: derechos laborales otorgados tiempo atrás por el gobierno
federal. Yo mismo lo pienso así, si a mí me vendieron la plaza, y al
contratarme me dijeron que yo podía hacer lo mismo, es algo que considero mío,
y cuando me lo quieren quitar, por supuesto que reaccionaré como hoy los
profesores.
La realidad: las plazas son y deben ser del Estado, no de sus titulares
Pero no perdamos de vista: por muchos
derechos que se les hayan otorgado a los profesores, el trabajo que se les
encomienda no es cualquiera: se trata de la formación de generaciones de
mexicanos que mañana serán quienes dirijan al país, por lo tanto, no es dable
que esta práctica continúe.
Si bien es cierto que para que un sindicato
opere correctamente debe tener la posibilidad de ser consultado en la ocupación
de las plazas, lo cierto es que en tratándose de educación, las plazas deben
estar bajo el estricto control del Estado, ya que son para bienestar público,
por la importancia que tienen, y si bien el sindicato debe ser consultado para
su ocupación, debe haber criterios objetivos para la ocupación de las plazas.
Por otro lado, muchos los profesores que
hoy están en plantones y marchas, no cuentan con título, o bien sus
conocimientos no son lo suficientemente aptos para estar frente a grupo, y lo
saben; es un problema global.
Para muestra, una anécdota: Yo estudié en
una primaria urbana, donde en teoría debería haber maestros promedio o quizá
por encima del promedio, pero alguna vez una profesora tachó la respuesta de mi
examen donde la pregunta era:”de los siguientes objetos, ¿cuál refleja la luz
del sol?” y había tres posibles respuestas: a) el sol, b) la luna y c) una lupa.
Mi respuesta fue b) (la luna), ¿qué error pude haber cometido? La profesora no me
lo supo explicar, y cuando finalmente sacó la clave del examen, resultaba que
la clave decía que la respuesta a) era la correcta, es decir, que, según el
examen, y según ella, el sol refleja la luz del sol. No es por insultar, pero
eso demuestra la estulticia de los profesores de hoy en día; y si eso puede
pasar en una escuela urbana, no me quiero imaginar lo que ocurrirá en una
escuela rural.
La defensa de los profesores se basa, entre
otros, en el argumento de que de los exámenes que ellos aplican a sus alumnos,
si un alumno no pasa, no lo mandan a su casa, es decir, no lo expulsan de la
escuela, lo cual es cierto, pero sí se le reprueba, e inclusive existe la tan
temida amenaza de “reprobar el año”. Si para un educando de primaria, el
reprobar un examen tiene consecuencias tan graves, para un profesor debe
tenerlas en mayor medida aún.
Conclusión
Este problema es grave y es generalizado, y
la idea que se plantea de evaluar a los profesores para que el que no apruebe
en alguna de las tres oportunidades que se le darán, sea (en el caso de los
sindicalizados actuales) removido a funciones administrativas, o en el caso de
los nuevos, sea destituido. Es lo que ocurre en cualquier trabajo, si el jefe
te prueba en tus habilidades y determina que no sabes hacer tu trabajo, te
corre.
El punto es que los profesores tal
pareciera que le tienen miedo a un simple examen. Sus consignas gritan de todo,
e incluso claman que la reforma debería aplicarse también a los gobernantes (lo
que no sería nada despreciable, porque también ellos deberían estar sujetos a
ese tipo de exigencias). En realidad, la idea tampoco es mala, pero no son los
conductos adecuados para hacer esa clase de propuestas.
Es tal la desinformación que existe con la
reforma educativa, que me doy cuenta que aún los propios legisladores no la
leyeron, y peor aún, sólo unos pocos profesores hicieron lo propio. La parte
que no les conviene (lo de los exámenes) les da tres oportunidades para
acreditar, por lo que es mentira que se vaya a despedir a nadie con el sólo
hecho de reprobar una vez; y por cuanto a la “privatización” de la educación y
esas cosas, me doy cuenta que los profesores no predican con el ejemplo, ni
siquiera leyeron o supieron interpretar la reforma educativa.
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